11. Orden
de Aprehensión por razones de necesidad y urgencia sin previa Imputación / Procedencia.
Ponente:
Miriam Morandy Mijares.
Fecha: 10/08/2009
Sentencia
N° SCP: 423
Criterio reiterado en sentencias N°: 276, de fecha 20 de marzo de 2009, 893 de fecha 6
de julio de 2009 y 181 de fecha 3 de abril de 2008.
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… existe la posibilidad que en el proceso penal no se realice la imputación
de una persona previa a su detención, si se ha materializado con fundamento
una orden de aprehensión por razones de extrema necesidad y urgencia que
prevé el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, caso en el cual, el
acto formal de imputación se verificará en la audiencia de presentación que
realice el órgano jurisdiccional correspondiente a fin de ratificar o no la
medida de privación judicial preventiva de libertad, atendiendo a los
principios y garantías constitucionales y procesales.
La defensa del acusado, solicitante del avocamiento, denunció
violaciones relativas al quebrantamiento del derecho a una tutela judicial
efectiva, al debido proceso y derecho a la defensa, por cuanto a su criterio,
el Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial
del Estado Falcón omitió citar formalmente al ciudadano JOSÉ URBANO POLANCO,
para comunicarle las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión del
delito presuntamente cometido y que el tuviese la posibilidad de ejercer el
derecho a la defensa, antes de que se dictara contra él una orden de
aprehensión y en consecuencia no cumplió con el acto formal de imputación, que
prevé los artículos 125 (numerales 1 y 5) 130 y 131 del Código Orgánico
Procesal Penal.
Ahora bien, el acto de imputación formal en el proceso penal
venezolano no está definido en el Código Orgánico Procesal Penal, ya
que el código adjetivo penal sólo consagra en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, ciertas obligaciones que la vindicta pública
debe cumplir previa a la declaración del imputado, acto este que ha sido
denominado tanto por la doctrina como la jurisprudencia, acto de Imputación
Fiscal, el cual emerge de un sistema de derechos
constitucionales y garantías procesales interrelacionadas entre sí.
Es así, que tal formalidad de cumplimiento obligatorio por parte del
Ministerio Público, debe garantizar a la persona que está siendo objeto de una
persecución penal y desde los actos iniciales de la investigación, la asistencia
jurídica del investigado, que se le imponga del precepto constitucional que lo
exime de declarar en causa propia y en caso de consentir prestar declaración, a
no hacerlo bajo juramento; se le comunique detalladamente el hecho que se le
atribuye, con las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión,
incluyendo las de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones
legales que resultaren aplicables y los datos que la investigación arroja en su
contra; se le instruya respecto de que la declaración es un medio de defensa y,
por consiguiente, el derecho a que se le explique todo cuanto sirviera para
desvirtuar las sospechas que sobre él recaiga y a solicitar la práctica de
diligencias que considerase necesarias. Asimismo, debe permitirle el ejercicio
de los derechos previstos en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal
Penal.
Según la doctrina comparada (Tribunal Constitucional de España) los
requisitos lógicos de la efectividad de la comunicación de la imputación, están
constituidos por lo siguiente:
“… su carácter expreso, en primer lugar, que sea ilustrativa
del objeto de la imputación y de los derechos del imputado, en segundo, y
finalmente, que se produzca inmediatamente y, en todo caso, antes de la
acusación, evitando así que el ya imputado quede inerme ante una investigación
sumarial, que se realiza a sus espaldas y que adquiere así carácter
inquisitivo…”. (Sentencia Nº 144/1198 de 18 de junio de 1998).
Igualmente, la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela consagra el debido proceso, en el artículo
49:
“… 1. La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en
todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene
derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de
acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para
ejercer su defensa (…) 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso,
con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente
por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con
anterioridad…”.
Dicho acto de imputación, está cimentado en el debido proceso,
conformado por una serie de procedimientos consecutivos, que deben guardar una
cronología y una lógica y que son dependientes entre sí, los cuales deben
realizarse con estricta observancia, vigencia y respeto de los derechos y
garantías de rango constitucional que asisten a los imputados al momento de su
individualización.
…)
Conforme
a la citada disposición adjetiva, existe la posibilidad que en el proceso penal
no se realice la imputación de una persona previa a su detención, si se ha
materializado con fundamento una orden de aprehensión por razones de extrema
necesidad y urgencia que prevé el artículo 250 del Código Orgánico Procesal
Penal, caso en el cual, el acto formal de imputación se verificará en la
audiencia de presentación que realice el órgano jurisdiccional correspondiente
a fin de ratificar o no la medida de privación judicial preventiva de libertad,
atendiendo a los principios y garantías constitucionales y procesales.
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