ADMISIÓN DE HECHOS Y LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (SALA CONSTITUCIONAL)
a) ADMISIÓN DE HECHOS: Como puede observarse, en los procedimientos seguidos por la comisión de
delitos de violencia contra la mujer, la admisión de los hechos está prevista
sólo en la audiencia preliminar, mientras que en el procedimiento penal
ordinario dicha admisión puede efectuarse en la fase de juicio hasta antes de
la recepción de las pruebas.
Ahora bien, vista la naturaleza jurídica de la admisión de los hechos,
la Sala estima necesario, por razones de equidad procesal, extender la
oportunidad para la admisión de los hechos tal y como está prevista en el
mencionado Código Orgánico, a los fines de evitar que la institución de la
admisión de los hechos sea aplicada de forma diferenciada en desmedro de las
garantías que debe ofrecer todo proceso penal, sea este ordinario o especial; y
en atención con los principios constitucionales pro reo, de
celeridad procesal y justicia expedita; siendo además que el imputado admite
los hechos a fin de conseguir a su favor una rebaja en la pena.
b) SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO: a fin de fomentar alternativas distintas a la prisión en
casos de delitos con penas de menor entidad, es decir, que la pena no exceda de
ocho (08) años en su límite máximo, y como quiera que esta fórmula alternativa
supone la efectiva admisión de los hechos por parte del imputado, la Sala,
según la aplicación supletoria y complementaria permitida por el artículo 64 de
la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia-,
considera que no existe impedimento legal alguno para que en las causas
seguidas por delitos de violencia de género sea aplicada la Suspensión Condicional del Proceso,
siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados supra, así como también en el caso de que exista una
oferta de reparación del daño y tanto el Ministerio Público como la víctima
manifiesten no tener objeción alguna con la aplicación de esta medida;
fortaleciendo así el aspecto preventivo, no represivo y pedagógico de este
proceso especial.
El artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia prevé la posibilidad de que en la audiencia preliminar el imputado pueda admitir los hechos, en cuyo caso la pena a imponerse sólo podrá rebajarse hasta un tercio; sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.078 del 15 de julio de 2012, aplicable supletoriamente a la materia de violencia de género (art. 64 de la Ley Especial), dispone en el artículo 375 que “el procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de las pruebas”.
Como puede observarse, en los procedimientos seguidos por la comisión de delitos de violencia contra la mujer, la admisión de los hechos está prevista sólo en la audiencia preliminar, mientras que en el procedimiento penal ordinario dicha admisión puede efectuarse en la fase de juicio hasta antes de la recepción de las pruebas.
Ahora bien, vista la naturaleza jurídica de la admisión de los hechos, la Sala estima necesario, por razones de equidad procesal, extender la oportunidad para la admisión de los hechos tal y como está prevista en el mencionado Código Orgánico, a los fines de evitar que la institución de la admisión de los hechos sea aplicada de forma diferenciada en desmedro de las garantías que debe ofrecer todo proceso penal, sea este ordinario o especial; y en atención con los principios constitucionales pro reo, de celeridad procesal y justicia expedita; siendo además que el imputado admite los hechos a fin de conseguir a su favor una rebaja en la pena.
Así entonces, esta Sala, en aras de promover la celeridad procesal y una justicia expedita, estima pertinente extender en los procesos por violencia de género la admisión de los hechos hasta antes de la recepción de las pruebas, a fin de ajustar dicho procedimiento al vigente Código Orgánico Procesal Penal.
En otro orden de ideas se precisa que el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal prevé la posibilidad de suspender condicionalmente el proceso siempre que: 1) La pena del delito no exceda de ocho (08) años en su límite máximo; 2) El acusado admita los hechos; 3) Se demuestre que el imputado no se encuentra sujeto a esta medida por otro hecho; y 4) No se hubiere acogido a esta alternativa dentro de los tres (3) años anteriores; fórmula alternativa a la prosecución del proceso que no está prevista expresamente en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
Empero, a fin de fomentar alternativas distintas a la prisión en casos de delitos con penas de menor entidad, es decir, que la pena no exceda de ocho (08) años en su límite máximo, y como quiera que esta fórmula alternativa supone la efectiva admisión de los hechos por parte del imputado, la Sala, según la aplicación supletoria y complementaria permitida por el artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia-, considera que no existe impedimento legal alguno para que en las causas seguidas por delitos de violencia de género sea aplicada la Suspensión Condicional del Proceso, siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados supra, así como también en el caso de que exista una oferta de reparación del daño y tanto el Ministerio Público como la víctima manifiesten no tener objeción alguna con la aplicación de esta medida; fortaleciendo así el aspecto preventivo, no represivo y pedagógico de este proceso especial.
VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Juan Carlos Rodríguez Alfonzo, actuando en nombre propio, contra la decisión dictada, el 28 de febrero de 2012, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, contra la decisión dictada el 25 de enero de 2012, por el Tribunal Primero de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, de conformidad con el artículo 6 cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual se CONFIRMA.
Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente a la Corte de Apelaciones de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de agosto de dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
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