La urgente necesidad de iniciar seriamente una verdadera revolución judicial que adecente el Sistema de Justicia Nacional, para con ello darle credibilidad y fuerza a los planes de seguridad que el Estado nacional implementa.

No es posible enfrentar el tema de la seguridad en Venezuela sin antes enfrentar el tema de la corrupción, aún persistente, en el Poder Judicial. Y cuando hablo de Poder Judicial me refiero a la concepción y visión sistémica que se le da en la Constitución de 1.999 a la administración de justicia, adoptando el concepto del llamado Sistema Judicial; según ésta se acoge el paradigma del “sistema” el cual está integrado ya no sólo por jueces y juezas, funcionarios administrativos tribunalicios, sino por fiscales, defensores y abogados públicos y privados. Según este enfoque “sistémico” se pretende lograr transformaciones interesantes que pueden llegar a determinar cambios significativos en el aparato judicial en cuanto al desempeño de los intervinientes en el acto judicial.

Recordemos que pasaba en Venezuela antes de 1999 en el Poder Judicial. En efecto, a partir de 1958, con la democracia representativa burguesa se consolidó un “sistema populista de conciliación de élites” (Rey, 1991: 565-566)¹, fundado en la capacidad de los partidos políticos y grupos de presión, para agregar, canalizar y representar las demandas sociales. Este “sistema corporativo de gestión pública” según el cual para mantener el status quo negociaban, conciliaban y se repartían, contratos, cargos y presupuestos públicos, fue la causa principal de la perversión de todo el aparato estatal, para convertir al Estado Nación en un gran negocio para unas élites políticas y económicas.

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