¿La ley tiene límites? ¿Todo lo que puede hacerse dentro de una determinada legitimidad y desde unas formas democráticas entra dentro de la ley? Y aquello que no entra dentro de la ley, ¿debe de resultar perseguido irremediablemente? Veamos aquí un asunto que debido a los profundos cambios que se están viviendo en muchos ámbitos a nivel mundial es de obligada reflexión.
El imperio de la ley, ¿pero de qué ley?
Obviamente un análisis superficial del tema puede llevarnos a concluir que todo aquello que dicta la ley, todo aquello que dice la ley es de obligado cumplimiento y, por supuesto, que si en la esfera de los ordenamientos internos que se rigen por una determinada ley ello es así, es más siempre este tipo de ordenamientos internos (clanes, países, etc.) tienen fuerzas de poder, fuerzas de control para garantizar que el cumplimiento de sus leyes se produzcan y de no producirse tienen las herramientas coercitivas y represivas para lograr que ello se termine produciendo y se castigue su incumplimiento, pero ¿todas las leyes deben ser aplicadas sin límite?
El caso más típico lo vemos en el de los estados modernos, pues en realidad estos estados modernos (cualquiera de los que hoy denominaríamos países de nuestro entorno) se han dotado de unas estructuras democráticas, y en base a estas han construido unas sociedades basadas en el cumplimiento de las leyes y tienen las herramientas y los medios para hacer cumplir las leyes y castigar a quien no las cumpla. En realidad, los estados, son los únicos que se otorgan y cuentan con la legalidad internacional de hacer cumplir las leyes, pero ¿todas ellas son legítimas? A priori sí, pero no siempre veamos.
La clave está en la democracia y en la legitimidad
Tal y como se decía los estados se configuran en base a unas leyes que todos debemos cumplir, pero ¿qué sucede cuando esas leyes no son justas o cuando quien las dicta no las dicta de forma legítima o bajo formasdemocráticas?
En párrafos anteriores hemos hablado de países que se otorgan de unas estructuras democráticas para configurar en base a estas unas leyes, unas leyes que hagan que la sociedad funcione, unas leyes que cuenten con el respaldo de unas herramientas que hagan que se cumplan, pero ¿qué sucede cuando esas estructuras en base a las que se asientas las leyes no son unas estructuras en esencia democráticas? ¿Resultaría igual de imperativo cumplir las leyes o bien, por el contrario, se deberían combatir hasta lograr que las mismas se cambien? O mejor aún, leyes que simplemente son legales porque alguien las ha dictado, pero que no se han basado en un régimen democrático para establecerse quizá no tan solo deberían resultar solo perseguidas hasta su abolición, sino que la lucha entonces se encabece en abolir el sistema que crea y sustenta estas leyes, ¿no?
Pongamos algunos claros ejemplos: países o “territorios sin ley” donde clanes determinados, grupos extremistas de cualquier tipo o demás pseudo organizaciones o personas que se hacen con el poder de los mismos imponen sus normas en los mismos y dictan sus leyes. Las mismas, por tanto, se tornan en leyes de obligado cumplimiento en tales territorios y su incumplimiento de buen seguro que es perseguido y acarreara la cárcel, muerte, tortura o cualquier otra atrocidad contra quien la cumple, ¿sería ello legal? Sí. ¿Justo? Sin duda no.
Si lo anterior lo viésemos desde un punto meramente legalista, meramente desde el punto de vista de que aquello que impera es lo que dice la ley establecida y punto, obviamente diríamos que le ley está para cumplirse y punto. Entonces, ¿qué es aquello que hace que en ese caso la ley tenga sus propios límites? ¿Qué hace que esas leyes no deban ser respetadas sino perseguidas? La clave está en la base democrática y legítima de tales leyes.
No puede ser defendida una ley que ha sido impuesta a sangre y fuego de forma ilegítima, no puede ser justificada tampoco una ley que atente contra derechos humanos u otros principios que se eleven muy por encima de lo que la ley puede dictar. La ley debe tener sus propios límites, y no son los que marque la misma ley, sino los que se marquen como límites a lo que marque la ley.
Muchos no entenderán lo anterior y dirán que la ley está siempre para cumplirla. Obviamente ello es en esencia así, pero entonces sí siempre fuese así, ¿por qué nos escandalizamos cuando vemos lapidaciones de personas en determinados países? ¿Por qué nos escandalizamos ante ciertas formas de ejecuciones de presos, de persecuciones ante determinados grupos de personas por su género, raza, religión o condición sexual? ¿Por qué nos escandalizamos de todas esas cosas que nos horrorizan si la ley debe de estar por encima de todo? Pues nos escandalizamos por algo muy simple: la ley debe estar por encima de muchas cosas, pero no de los derechos humanos y de los derechos más inherentes a la persona (la vida, la integridad, la seguridad, etc.).
Nos escandalizamos ante todo lo anterior, porque a pesar de que de buen seguro que todas esas atrocidades son legales en los países, y territorios, donde las mismas se producen, estas leyes no están basadas en el sustrato más esencial y obvio sobre el que se debe basar cualquier ley, la democracia y la legitimidad.
Democracia y legitimidad, unidas y por partida doble, pues incluso separadas entre sí, podrían resultar un sin sentido, pues nos podríamos encontrar con atrocidades cometidas (como lamentablemente ya nos ha demostrado la historia) de forma legal y democrática, pues quien creó las leyes que dieron amparo a las atrocidades fue escogido democráticamente. Entonces si era legal y era democrático ya era válido, ¿no? Pues no, en ningún caso. No, no y no, y debe de ser repetido y dicho hasta la extenuación, pues tanto la legalidad como la democracia, sino van acompañadas de la legitimidad requerida no sirven de nada.
F:weblegal.com
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