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Trilogía Penal: Experto, Dictamen y Juicio Oral.

SUMARIO: I. Introducción; II. Prueba Pericial; III. Intervención del experto; IV. Participación pericial del médico forense; V. Participación pericial del psicólogo forense; VI. El experto en la audiencia del juicio oral; VII. EL interrogatorio; VIII. El contrainterrogatorio; IX. Comparecencia e importancia del experto en el juicio oral; X. Criterios de valoración de la prueba pericial; XI. Conclusiones; XII. Bibliografía.

1.- Introducción.
Cuando se realiza la prueba de experticia en la etapa de investigación y es ofrecida como medio de prueba, es necesario someterla al debate y discusión que las partes desarrollan en el momento del juicio oral. Esto es lo que se denomina el derecho de controvertir la prueba, la cual se concreta en la facultad que tienen los sujetos procesales de conocer la fuente de la prueba, de confirmar la idoneidad de la persona o cosa sobre la cual  recayó el examen, de establecer la adecuación entre el sujeto cognoscente o funcionario judicial y el objeto estudiado, y específicamente, la posibilidad de hacer críticas al dictamen efectuado.
En este orden, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia más reciente (a la fecha de publicación del presente trabajo) N° 454° del 21 de Mayo de 2014, en la cual citó otra de vieja data, señalando que:

“… Al respecto, esta Sala considera que, en el presente caso, la deposición del experto durante el Juicio mediante la cual reconoció el contenido de su informe, subsanaba el defecto relacionado con la firma suscrita en el mismo. Así, la deposición en juicio del funcionario que practicó la experticia otorga la veracidad necesaria para ratificar el contenido del informe elaborado por él, con lo cual, en el presente caso, resulta evidentemente innecesaria la nueva práctica de la experticia ano-rectal al niño víctima, basada en el desconocimiento de firma del mencionado informe.           
Tal posición, resulta acorde al criterio sostenido en la decisión N° 286 del 4 de marzo de 2004 (caso: Hildegard Rondón de Sansó, Beatrice Sansó de Ramírez y otros), en la cual esta Sala señaló, entre otras cosas, lo siguiente:
“Pero en el proceso oral regido por el Código Orgánico Procesal Penal, la experticia se forma no en un dictamen previo, sino en un acto oral, en audiencia, donde se interroga al experto, donde se le ponen de manifiesto objetos (…), y donde el juez obtiene, mediante ese contradictorio, la convicción sobre la validez de la prueba y su eficacia probatoria…”


Es claro entonces, que lo anterior se ve ratificado con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de fecha 15 de junio de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 6078 Extraordinario, según el cual, se corrobora como principio marco del proceso penal, la oralidad y la inmediación, entre otros, cuya razón no es otra que la procura de una justicia expedita y eficaz, que responda a una Tutela Judicial Efectiva, pero además, que limite toda posibilidad de someter el proceso a dilaciones, reposiciones y formalismos inútiles e infundados, que obren en detrimento de la justicia y del derecho a la defensa; es por lo que el texto adjetivo incorporó el artículo 337°, indicando que, “en caso de que el experto llamado a comparecer no pudiere asistir por causa justificada, el juez o jueza podrá ordenar la convocatoria de un sustituto con idéntica ciencia, arte u oficio de aquel inicialmente convocado”, que a mi juicio rompe con la vieja tesis de la Sala de Casación Penal donde se advierte que, el hecho de que la prueba testimonial del experto no haya sido incorporada al debate por su incomparecencia, no restringe la validez y eficacia de la experticia, por cuanto ésta es autónoma y debe bastarse por sí misma - SSCP 352° del 10 de junio de 2005-, ya que, claramente establece la Ley Adjetiva Penal, que el testimonio del experto debe ser incorporado al juicio, a los fines de respetar los principios de la oralidad, la inmediación y la contradicción, y que las partes y el juez puedan controlar dicha prueba, mediante las preguntas que consideren pertinentes al experto que elaboró el informe pericial.

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