ActualidadPenal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA                De conformidad con el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la  dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, en concordancia con lo que preceptúan los artículos 36 numeral 21 y 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Considerando                 Que el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 5 de la Convención sobre Derechos del Niño, reconocen que os niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho, con capacidad progresiva para ejercer su ciudadanía y asumir sus responsabilidades, de conformidad con su desarrollo evolutivo y bajo la debida orientación de quienes ejercen la responsabilidad parental de crianza. Considerando                 Que en reconocimiento de

“EL USO JUSTIFICADO DE LAS ARMAS DE FUEGO”.  CONSTERNACIÓN EN EL ESTADO FALCÓN POR DELITO DE LESA HUMANIDAD POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA. (Artículo de opinión).  i El presente artículo se elabora con el fin de aportar al estado Venezolano y en especial al Ministerio Público y los y Órganos de Seguridad (policía o militar), un análisis breve, claro y preciso sobre el uso legal de las armas de fuego, que constituye el problema penal de fundamental import ancia en nuestro derecho y que ha motivado grandes preocupaciones no sólo en la opinión pública sino en los mismos organismos policiales y militares, en consideración a los hechos sobre los cuales la medida extrema de uso de la fuerza y principalmente del uso de las armas se produjo y en consideración también a las disposiciones legales que legitiman su uso. ii El uso desproporcionado de las armas de fuego por parte de algunos miembros de los órganos de seguridad del estado, “no todos”, encuentra histor

Breves consideraciones sobre el delito de Legitimación de Capitales y Asociación Ilícita para Delinquir, en el marco de la “Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo” Por Roger López SSCP nº 640 del 23/10/2015, relacionada al tema de la Legitimación de Capitales. Artículo nuestro relacionado al tema de la Delincuencia Organizada . Otro tema relacionado a la Legitimación de Capitales & Asociación Para Delinquir . Previo. Vista el interés de los miles de foristas de este Porta Jurídico –su Portal- y los más de “1000 MIL” correos electrónicos enviados, dado el interés del “Caso Penal: EL FONDO CHINO PARTE 1”, (al cual usted puede acceder en esta página), trataré en este artículo algunos aspectos jurídicos que importan a la colectividad y que están vinculados a la “teoría de la participación en el hecho criminal”. Tanto así, que un gran numero de usuarios me solicitó que explicara la coautoría, complicidad, co

VIDEO (2 HORAS APROX).AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA. SOLICITUD DE ANTEJUICIO DE MÉRITO DEL DIPUTADO RICHARD MARDO POR PARTE DE LA CIUDADANA FISCAL GENERAL DE LA RÉPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DRA. LUISA ORTEGA DÍAZ

DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO :  No ha lugar  a las solicitudes de nulidad interpuestas por los abogados defensores privados del ciudadano  Richard Miguel Mardo Mardo . SEGUNDO: Con lugar  la solicitud de antejuicio de mérito  interpuesto por la abogada  Luisa Ortega Díaz , actuando en su condición de  Fiscal General de la República , contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano  Richard Miguel Mardo Mardo , titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable  ratione temporis -, respectivamente. TERCERO:  Que hay mérito para el enjuiciamiento  del  ci

"...La presente acción de inconstitucionalidad se fundamentó en la violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación al establecer condiciones más gravosas y limitativas para la celebración de segundas nupcias a la mujer, argumentando los accionantes que  “(…)  la restricción de los derechos de la mujer a contraer libremente matrimonio, derivada del artículo 57 del Código Civil, hoy impugnado por la Defensoría del Pueblo, carece en los actuales momentos de toda racionalidad y proporcionalidad, por lo que resulta evidentemente discriminatoria y, en consecuencia, atentatoria contra el derecho a la igualdad y no discriminación previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como atenta contra el derecho de contraer matrimonio en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 77 eiusdem ”.

En la sentencia N° 7, del 1° de febrero de 2000 (caso:  José Amando Mejía ), la Sala ajustó a la nueva Carta Magna el procedimiento de amparo constitucional, de la siguiente manera: (...) Se mantuvo en dicha interpretación el criterio de la sentencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, N° 644, del 21 de mayo de 1996, con ponencia del Magistrado emérito Doctor Humberto J. La Roche, mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por ser contrario a lo que disponía el único aparte del artículo del 49 y la última parte del artículo 68, ambos de la Constitución de 1961. Desde entonces, se instauró un procedimiento en el cual, una vez admitida la solicitud de amparo constitucional incoada contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de un particular, órganos del Poder Público nacional, Estadal o Municipal, o contra una decisión judicial, se debe realizar una audiencia oral en la que se va a deb

SSC Nª 908 DEL 15/07/2013 En relación a esta sentencia n° 908 (EXP 11-1498) dictada con ocasión a la apelación de amparo interpuesta por el gran amigo Dr. Rafael Latorre  y  al fallo 1267 del 14 de agosto de 2012, quien suscribe ya hace  unos cinco (5) años atrás (2007), había planteado en mi proyecto de tesis de grado en la UCV un "sistema acumulativo de ejercicio de la acción penal", contrario al "principio de oficialidad", el cual, hasta la fecha de publicación de éstas dos sentencias había persistido en nuestro sistema penal venezolano, y que hoy, bajo las garantías y derechos constitucionales que amparan a la víctima, nuestro TSJ lo acoge, aunque no con esa denominación, bajo un criterio jurisprudencial vinculante que a mi modo de ver, debió serlo por vía de reforma de ley (COPP-2013), es decir, por vía legislativa, lo que supone una usurpación evidente de funciones. Para acceder a mis comentarios de la sentencia 3267-03 (contenido del mencionado proyec

INTRODUCCIÓN.            Dentro del ámbito de la política criminal y su vinculación con el sistema penitenciario, se hace necesario estudiar y conocer la Ley de Régimen Penitenciario, ya que el tema carcelario en relación con la convivencia social es fundamental, en virtud del cual, nosotros como ciudadanos coasociados hemos delegado el ius puniendi al Estado. Por esta razón dedicaré este trabajo a comentar los aspectos más importantes de esta Ley.            Como un punto previo al fondo de mi investigación y, vista la visita carcelaria realizada el día 23 de enero de 2005 como abogado litigante en el centro conocido como “La Planta”,(recordemos que para esta fecha existía a nivel nacional huelga de hambre en la población carcelaria), no pude menos que entrevistar a la señora Ana Pacheco para tener una visión de la Crisis Carcelaria en Venezuela y, sentir de cerca lo que una humilde señora de quizás 65 años de edad debe soportar para visitar a su hijo en una cárcel venezolan

§1 Plazos previstos para la duración de la fase preparatoria   Las disposiciones transcritas supra se refieren a los plazos estipulados, para la conclusión de la primera fase del proceso penal, en los delitos de violencia de género; el trámite que debe cumplirse en este procedimiento es de tal naturaleza y causa que está caracterizado por la debida celeridad y urgencia, pues se trata de prevenir los efectos violentos sobre la mujer víctima, por lo que debe procurarse la rápida actuación de la justicia del Estado para controlar las conductas que pongan en peligro su vida.   En efecto , como una de las consecuencias del principio de afirmación de libertad, así como del derecho constitucional a la seguridad jurídica, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al igual de cómo ocurre en el Código Orgánico Procesal Penal; prevé un período de duración de la fase preparatoria dentro del cual, el Ministerio Público como órgano encargado de ejerce

Riña cuerpo a cuerpo de acuerpo a la jurisprudencia, la riña cuerpo a cuerpo es lucha punible, refriega, pelea entre dos personas, con armas o sin ellas, provocada por uno y aceptada por el otro, sin ventajas o alevosía, en relativa igualdad de circunstancias y en la que, por lo tanto, ambos contendientes corren riesgos y peligros iguales o semejantes cuando menos. Cooperador inmediato- Comportamiento del cooperador inmediato En efecto, en cuanto a la concurrencia de personas a la ejecución de un hecho punible, el Código Penal sanciona a los cooperadores inmediatos con la misma pena correspondiente a los autores o perpetradores. La equiparación de ambas figuras, según jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Penal, se debe a que el cooperador inmediato, si bien no realiza directamente los actos productivos del delito, concurre o coadyuva a la empresa delictiva, tomando parte en operaciones distintas que no representan elementos esenciales del hecho puni

Sobre el punto de si el contrato de opción de compra-venta puede estimarse una venta, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido el criterio según el cual, efectivamente, si están presentes los elementos de consentimiento, objeto y precio debe considerarse una verdadera venta, así se colige de sentencia N° 116 del 12/4/05, expediente N°04-109 en el juicio de Ana Morela Serrano Iriarte y otro contra Trina Cecilia Ruiz Velutini, donde se estableció: “…De la trascripción antes realizada, la Sala observa que el juez de alzada consideró que las partes al suscribir el contrato de opción de compra venta, realizaron una verdadera venta, al darse los dos elementos esenciales objeto y precio del cual se dio un anticipo, y la tradición había quedado diferida para el pago del saldo del precio, al momento de obtenerse el crédito por los accionantes, y el cumplimiento por la demandada vendedora de la transferencia de la propiedad del inmueble en forma registral. Asimismo, observa la Sala, qu

Al respecto, debe señalar esta Sala que, el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en los siguientes términos: “Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por algunas de las razones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que con