Demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, conjuntamente con amparo cautelar en contra de la alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, en la persona del ciudadano Carlos Eduardo Ocariz Guerra.
MÁXIMA.- “Se observa,
sin que ello implique un adelanto sobre los hechos a demostrar y la cuestión de
fondo a decidir, que se denuncia la supuesta vulneración de derechos
constitucionales de especial protección, tales como el derecho a la educación,
a la salud, a un ambiente sano y a la conservación y preservación del mismo;
que podrían verse seriamente afectados como consecuencia de la acumulación
indebida de desechos en la comunidad, del proceso de descomposición de los
mismos, de la probable generación de bacterias, virus y otros agentes nocivos
para los seres humanos, que incluso pueden ser propagados por el aire, las
aguas y diversos vectores como zancudos, moscas, roedores, aves, entre otros,
que vulneran una higiene adecuada para las familias y personas asentadas en
esos sectores, pudiendo impactar con más fuerza a las comunidades menos
favorecidas económicamente y afectar a un número considerable de personas
residentes en ese Municipio e, inclusive, de personas que no habitan en el
mismo, pero pudiera tener alguna vinculación con algún factor de aquel”.
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