SENTENCIA COMENTADA.Delito de Falsa Atestación ante un Funcionario Público y la cualidad de víctima de los particulares en los delitos Contra la Administración de Justicia. Las "Excusas absolutorias" (cónyuges no separados legalmente).

Sentencia Comentada por el Abogado Roger López
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Ver Texto del fallo 1798 del 17/12/2014

MÁXIMA: El delito de falsa atestación ante funcionario público se encuentra previsto en el artículo 320 del Código Penal, cuyo texto se transcribe al tenor siguiente:

“El que falsamente haya atestado ante un funcionario público o en un acto público, su identidad o estado o la identidad o estado de un tercero, de modo que pueda resultar algún perjuicio al público o a los particulares, será castigado con prisión de tres a nueve meses.

       
En igual pena incurre el que falsamente haya atestado ante un funcionario público o en un acto público, otros hechos cuya autenticidad compruebe el acto mientras no sea destruida su fuerza probatoria, mediante tacha o impugnación de falsedad, siempre que de ello pueda resultar un perjuicio al público o a los particulares. 
          

Si se trata de un acto del estado civil o de la autoridad Judicial, la pena será de seis a dieciocho meses de prisión.

       
El que en títulos o efectos de comercio ateste falsamente su propia identidad o la de un tercero, será castigado con prisión de tres a seis meses” (Subrayado de la Sala).

Del contenido de la anterior disposición normativa, se desprenden tres acciones a saber: a) Atestación falsa de la propia identidad o del propio estado, b) Atestación falsa de la identidad o del propio estado de un tercero y, c) Atestación falsa de cualquier otro hecho distinto de los mencionados, cuya autenticidad haya de comprobar el acto, de lo cual se infiere que para se configure el tipo penal comentado, referido a la falta atestación ante el funcionario público.

Como puede observarse el tipo penal señalado supra tiene como objeto material preservar la fe pública, en los cuales están involucrados tanto el Estado como la confianza del colectivo social; de allí que, si bien el sujeto pasivo en el delito de falsa atestación lo constituye el Estado como víctima directa, también pueden ostentar la condición de víctima los particulares, quienes conjuntamente con el Estado pueden resultar afectados, tal y como se infiere del contenido del segundo aparte, in fine del referido artículo 320 del Código Penal.

MÁXIMA: La Corte de Apelaciones, al anular la acusación particular de propia de la ciudadana Laura Bozzetto Peruch, por no poseer la cualidad de víctima, obvió que la referida ciudadana sí ostentaba la cualidad de víctima en la presunta comisión del delito de falsa atestación ante funcionario público, por ser una particular presuntamente afectada por el acto cometido ante el funcionario público 

COMENTARIOS NUESTROS:

SOBRE LA CUALIDAD DE VÍCTIMA DE LOS PARTICULARES EN LOS DELITOS PERSEGUIBLES DE OFICIO POR EL ESTADO (ACCIÓN PÚBLICA).

Abogado Roger López.

En caso de hechos punibles de acción pública, en los que la titularidad para su ejercicio, está reservada al Ministerio Público, en representación del estado Venezolano, las formas o modos de inicio de una causa igualmente están supeditadas a la naturaleza del hecho punible, forma de conocimiento de tales hechos y la titularidad del derecho lesionado entre otras, en garantía no solo de la tutela judicial que se debe a las personas sometidas a la autoridad del estado, sino también en respeto al proceso debido que caracteriza el ordenamiento jurídico venezolano. El artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la legitimación para presentar querella, es decir, que únicamente la persona natural o jurídica que tenga la cualidad de víctima podrá querellarse.

Algunos delitos contra la administración de justicia, por ejemplo, el delito de DENEGACIÓN DE JUSTICIA, tipificado en el artículo 83 de la Ley Contra la Corrupción, el sujeto pasivo es el estado venezolano, puesto que se trata de un delito contra la administración de justicia, y es ésta, la administración de justicia, un poder exclusivo y excluyente que deviene de la jurisdicción, la cual por su origen es pública. Es necesario destacar, que pese a la imposibilidad de presentar querella por particulares en este tipo de hechos punibles, el legislador no los ha dejado sin mecanismos de protección de sus derechos lesionados o amenazados de violación por actuaciones incorrectas de sus funcionarios, sino por el contrario consagró la figura de la denuncia regulada en los artículos 267 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, aún cuando pudiera existir una afectación de los intereses particulares de un ciudadano(a), éstos carecen de la cualidad de víctima para querellarse por el tipo penal indicado, el cual es un delito con sujeto activo calificado, pues es un requisito indispensable tener la cualidad de Juez para ser sancionado por conducta omisiva y dicho delito produce un daño que en principio no es directo contra los ciudadanos, sino mediato.

Sin embargo, quiero destacar que los delitos de corrupción, por su naturaleza jurídica son delitos de acción pública en los cuales el ejercicio de la acción penal en principio está reservado al Ministerio Público, pero en esta clase especial de delitos, puede concebirse según las circunstancias y elementos de cada caso (el daño social individual o colectivo que podría causar por la pluriofensividad que los caracteriza), la existencia de particulares a los cuales se les afecten sus derechos e intereses de protección inmediata, pudiendo ser considerados víctimas indirectas con pleno derecho de formar parte del proceso penal iniciado por el Ministerio Público mediante la orden de inicio de la investigación.

Precisado lo anterior, en el caso de los delitos de corrupción, el concepto del bien jurídico protegido no debe ser restrictivo, es absolutamente necesario que se desarrolle la función dogmática de los jueces y las juezas al interpretar y aplicar en forma debida la ley penal, verificando el interés amparado en la norma jurídica, su significado, la vinculación de algún elemento del tipo con el bien jurídico protegido, la trasgresión al mismo, así como la lesión puesta efectiva o potencial en peligro de dicho bien, de acuerdo a las especificidades del caso en concreto para brindar seguridad jurídica y garantías a los ciudadanos que resulten afectados.

LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS (cónyuges no separados legalmente).

MÁXIMA: no existía prohibición alguna para que la prenombrada ciudadana presentara acusación particular propia contra su cónyuge por cuanto, en este caso, no aplica la señalada prohibición legal expresa contenida en el artículo 481 del prenombrado Código Sustantivo, según el cual no se podrán promover diligencias en contra del presunto autor de un delito contra la propiedad por el hecho de que se haya cometido en perjuicio del cónyuge no separado legalmente, ya que tal y como se señaló los mencionados ciudadanos para el momento de la ocurrencia de los hechos, estaban separados legalmente

MÁXIMA: En relación con la disposición comentada, el doctrinario José Rafael Mendoza Troconis, ha alertado lo siguiente: ‘...Sabido es que en los delitos contra las personas, la relación de parentesco agrava los hechos, al contrario de lo que acaece en los delitos contra la propiedad en que surten efectos atenuantes... Razones de política criminal y otras han aconsejado, desde antiguo...’.

El fundamento concebido por el legislador, es eminentemente social, velando por la institución familiar, sobre la que se levanta el entramado

espiritual y moral de la comunidad, antes que por razones de interés material.

Pero como lo expone el tratadista Hernando Grisanti Aveledo, cuando opina sobre las personas amparadas por esta disposición sustantiva penal, se exige el carácter de cónyuge, pudiendo estar separados de hecho inclusive, según apunta; pero es preciso que tal calidad de cónyuge exista en el momento, lo cual no se cumple en el caso bajo estudio judicial.

Nuestros comentarios.

Abogado Roger López.

El artículo 481 del Código Peal consagra una causa de NO PUNIBILIDAD, en este caso, cuando dispone que: 

ART. 481 del Código Penal establece: “En lo que concierne a los hechos previstos en los Capítulos I, III, IV y V del presente Título, y en los artículos 473, en su parte primera, 475 y 478, no se promoverá ninguna diligencia en contra del que haya cometido el delito: 
1. En perjuicio del cónyuge no separado legalmente. 
2. En perjuicio de un pariente o afín en línea ascendente o descendente; del padre o de la madre adoptivos, o del hijo adoptivo. 
3. En perjuicio de un hermano o de una hermana que viva bajo el mismo techo que el culpable.

La pena se disminuirá en una tercera parte si el hecho se hubiere ejecutado en perjuicio de su cónyuge legalmente separado, de un hermano o de una hermana que no vivan bajo el mismo techo con el autor del delito, de un tío, de un sobrino o de un afín en segundo grado, que vivan en familia con dicho autor; y no se procederá sino a instancia de parte.

En relación con la disposición comentada, el doctrinario José Rafael Mendoza Troconis, ha alertado lo siguiente: ‘...Sabido es que en los delitos contra las personas, la relación de parentesco agrava los hechos, al contrario de lo que acaece en los delitos contra la propiedad en que surten efectos atenuantes... Razones de política criminal y otras han aconsejado, desde antiguo...’.

El fundamento concebido por el legislador, es eminentemente social, velando por la institución familiar, sobre la que se levanta el entramado espiritual y moral de la comunidad, antes que por razones de interés material.

Pero como lo expone el tratadista Hernando Grisanti Aveledo, cuando opina sobre las personas amparadas por esta disposición sustantiva penal, se exige el carácter de cónyuge, pudiendo estar separados de hecho inclusive, según apunta; pero es preciso que tal calidad de cónyuge exista en el momento. (SSCP N° 455 del 23/09/2009).

A tenor de la circunstancia contenida en el artículo 481. 1 del Código Penal venezolano, configura lo que en Doctrina de Derecho Penal General se denomina Excusas Absolutorias, en virtud de las cuales, el Legislador, por razones de Utilidad Pública o de Interés Social, considera que no debe imponerse una pena al autor del hecho ilícito y culpable. 

Al respecto, Jiménez de Asúa, en su obra la “Ley y el Delito”, define las excusas absolutorias como “aquellas causas que hacen que un acto típico, antijurídico, imputable a un autor y culpable, no se asocie pena alguna por razones de utilidad pública”. (Editorial Andrés Bello, Caracas 1945, p.541). 

Por su parte, Alberto Arteaga Sánchez, sostiene que uno de los escasos ejemplos de excusas absolutorias estaría dado por el supuesto de exclusión de responsabilidad penal en lo que concierne a los delitos contra la propiedad cometidos en perjuicio del cónyuge no separado legalmente, justificándolo en: “ que es un caso en que la Ley, en aras del interés de la familia, para no agravar los conflictos de la comunidad base de la sociedad, excluye la pena o renuncia a su imposición, a pesar de haberse cometido un hecho injusto y culpable”. (Derecho Penal Venezolano Parte General p- 310. 3era Edición. Universidad Central de Venezuela. Imprenta Universitaria. 1985). 

Es importante destacar que tal como lo observa el autor Alfredo Etcheberry, las excusas absolutorias son exenciones de pena que impiden que nazca responsabilidad penal, pero dejan subsistente otras consecuencias, como lo es la RESPONSABILIDAD CIVIL. (Derecho Penal. Tomo II. 2da Edición. Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago de Chile. 1976 p. 8-9). 

Ciertamente, las excusas absolutorias son exenciones de pena que impiden que nazca responsabilidad penal; pero dejan subsistente otras consecuencias, como lo es la RESPONSABILIDAD CIVIL. (Derecho Penal. Tomo II. 2da Edición. Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago de Chile. 1976 p. 8-9). 

Finalmente debo resaltar el siguiente criterio jurisprudencial al que usted podrá acceder haciendo clic aquí, y es el siguiente:

PRIMERO: para que proceda la eximente o las atenuantesprevistas en el artículo 481, es imprescindible que el hecho punible se hayarealizado en perjuicio de alguna de las personas expresamente allí señaladas,en consecuencia, no son aplicables cuando el perjuicio se extiende a otras personas,sean éstas naturales o personas jurídicas. 

SEGUNDO: Por víctima se tiene siempre al ofendido por el delito que puede ser  el titular de los  bienes jurídicos que se  ven afectados  por  el  delito  o  aquel  que sufre  la  acción  delictiva,  es  por esto que la  Sala Penal  debe indicar  que entre los parientes  favorecidos  por  el  artículo  481  Código Penal, se  encuentran  los  afines,  pero  ello únicamente en relación a los que están en línea ascendente o  descendente,  y  observa  la  Sala Penal,  que  en  la  presente causa,  la  supuesta  víctima  es  una persona  jurídica,  la Sociedad Mercantil “JARDÍN TARAMUTAL S.R.L”, razón   por la cual no tiene aplicación alguna la disposición del artículo 481 del Código Penal. 

Ver texto íntegro de la sentencia 1798 del 17/12/2014